Las víctimas de desaparición forzada del Meta y Guaviare pidieron a la JEP priorizar la región Ariari-Guayabero y Guaviare en la apertura del macrocaso de Fuerza Pública en connivencia con grupos paramilitares
El lunes 7 de marzo, en las instalaciones del Hotel del Llano en Villavicencio, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP llevó a cabo la cuarta audiencia de observaciones de víctimas a los nuevos macrocasos que abrirá la sala de Reconocimiento y Verdad. En esta audiencia se presentarán, entre otras, las líneas de investigación y posibles estrategias de persecución penal transicional en el macrocaso de Fuerza Pública por los más de 17.835 hechos atribuibles a la Fuerza Pública y 38.071 hechos atribuibles a los grupos paramilitares cometidos tras su presunta alianza, asociación y colaboración en todo el país.
Para Carolina Hoyos abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda- Colectivo OFB, esta audiencia fue muy importante porque “Además de conocer las estrategias en los tres nuevos macrocasos, las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos esperamos que los análisis cuantitativos y cualitativos que está haciendo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP recojan las temporalidades y los resultados de las políticas y actuaciones de la Fuerza Pública en territorios como el Meta que fue el epicentro de la política de Seguridad Democrática, del Plan Colombia y del Plan Patriota.”
Según informes presentados por el Colectivo OFB, estas políticas estatales, aunque se presumen legales, la evidencia demuestra las alianzas para la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos, como ocurrió con la desaparición forzada de Henry Cubides, Carlos Hernando Vargas, Freddy Manuel Causil, Marilyn Martín y Rosabel, ocurrida el 3 de enero de 2006, cuando arribó al perímetro urbano de la vereda Santo Domingo del municipio de Vista Hermosa (Meta) una comisión de la Fiscalía y el DAS, escoltados por helicópteros artillados y tropas del Ejército Nacional de la Brigada Móvil No. 12 de la Cuarta División del Ejército Nacional.
En esta operación, reunieron a todos los habitantes del caserío en la cancha de fútbol, con el motivo de indagar sobre antecedentes penales; en este evento, el Ejército Nacional sin orden judicial detuvo a 11 personas, de las cuales tres no se volvieron a tener noticias hasta mucho tiempo después cuando aparecieron en una fosa común asesinadas por paramilitares y dos de éstas continúan desaparecidas.
El Colectivo OFB acompañó a las víctimas que participaron de la audiencia y junto al MOVICE realizaron un acto conmemorativo en el marco del Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado en el parque Libertadores en horas de la tarde.
“Como víctimas de crímenes de Estado esperamos que la JEP en su priorización tenga en cuenta a las víctimas de los planes militares ejecutados en la región, especialmente la Ariari- Guayabero, porque los crímenes de Estado se encuentran en su mayoría en la impunidad, no avanzan las investigaciones, el juzgamiento y son muy contados los sancionados responsables”, señaló VIlma Gutiérrez del MOVICE capítulo Meta.
Finalmente, Carolina Hoyos, abogada del Colectivo OFB, señaló que, “es muy importante que la JEP establezca la responsabilidad de la Fuerza Pública en presunta cooperación con grupos paramilitares en casos de desaparición forzada, toda vez que se han documentado 2.388 víctimas en Duda Guayabero y 1.733 víctimas en el alto y medio Ariari y más de 2.304 cuerpos inhumados en los cementerios de la región de los cuales 1604 corresponden a reportes de las fuerzas militares como bajas en combate”.
Según la documentación realizada en los casos de Desaparición Forzada, se ha determinado la presunta responsabilidad de unidades adscritas a la Cuarta División como la Séptima Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 Pantano de Vargas, el Batallón de infantería No. 24 "Luis Camacho Leiva” y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta (FUTCO) como la FUDRA, la FUCAD y las Unidades Móviles No. 7 y 1.