LA ORDEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A LOS ALCALDES PONE EN RIESGO GRAVE LA IDENTIFICACIÓN DE MILES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EL DERECHO A LA VERDAD

Organizaciones de víctimas y de derechos humanos rechazamos las resolución del 3 de abril, proferida por la Procuraduría, donde ordena la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de los municipios en condición de no identificados.
Abr 07 de 2020

Las organizaciones de familiares, de víctimas y de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos expresamos nuestra consternación y rechazo a la resolución proferida el 3 de abril por la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, ordenando a los autoridades distritales y locales para que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y con características de ser personas de pobreza de solemnidad.

Esta medida es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada a la identificación, entrega de sus seres queridos, y el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido con las personas que han padecido la desaparición forzada u otras formas de desaparición, de los cuales cerca de 120.000 casos se han dado en el contexto del conflicto armado o la violencia política que ha padecido el país por varias décadas. La directiva también es contraria a lo dispuesto en los Art. 3, 19, 20, 27 (parágrafo 3) y en especial el TÍTULO V CONSERVACIÓN DE CUERPOS O RESTOS HUMANOS NO IDENTIFICADOS O IDENTIFICADOS NO RECLAMADOS contenidos en el Decreto 303 del 2015 por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010 en relación con la localización e identificación de los cuerpos.

A través de estas medidas, la PGN está ejerciendo facultades reglamentarias que no le competen, y además, emitiendo órdenes ejecutivas sin conexión o causa directa con las orientaciones que en materia de manejo y disposición final de cadáveres por COVID-19 ha expedido el Ministerio de Salud. Ni los cadáveres que han permanecido en morgues municipales en condición de no identificados o aún no reclamados pueden ahora ser catalogados de manera arbitraria por la PGN como relacionados con la epidemia de COVID-19 ni puede tampoco esta entidad disponer que los cadáveres de personas con características de ser personas en extrema pobreza sean exceptuados del derecho que tienen sus familias a que se practiquen los protocolos para conocer su identidad y ser entregados a sus seres queridos.

Resulta extremadamente peligroso que en medio del temor y las precauciones requeridas para el adecuado manejo de la pandemia de Covid19, cualquier autoridad de cualquier nivel y con pretextos infundados termine echando por tierra los derechos de miles de familias de víctimas de desaparición forzada u otras formas de desaparición en el país, ordenando a las autoridades locales deshacerse con este pretexto de los miles de cadáveres que en los 1200 municipios del país han permanecido a la espera de los procedimientos y protocolos necesarios para su identificación y regreso a sus familias. Estas órdenes socavan y hacen inviables las funciones atribuidas a la Unidad de Búsqueda de Personas

Desaparecidas al disponer deshacerse de las personas cuyo mandato dispone debe practicar procedimientos de identificación y entrega.

Para las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares y víctimas de Desaparición Forzada resulta también preocupante las informaciones relacionadas con la falta de transparencia y anomalías en el registro que están siendo trasladas e incineradas por diagnóstico confirmados o sospechosos de relación con el COVID-19. Ante esta situación, solicitamos mayor publicidad en los protocolos para el traslado y disposición final de las personas muertas por relación con coronavirus, y que se lleve un registro centralizado y verificable de todos los casos que en todo debería ser inmediatamente informado para su confiable verificación por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Defensoría del Pueblo.

Ante la emergencia de salud ocasionada por la pandemia del coronavirus, los derechos de las víctimas de desaparición forzada no se suspenden ni se anulan. Al contrario, las medidas adoptadas deben concentrarse en acelerar los procedimientos para la identificación pendientes, y el Ministerio Público, antes que poner en riesgo la identificación y entrega de las personas desaparecidas y víctimas de Desaparición Forzada, debe velar porque los derechos a la verdad y a la identificación y entrega de las personas desaparecidas sean debidamente garantizados por las autoridades locales, departamentales y nacionales con responsabilidad en el tema.

Bogotá, 6 de abril de 2020

Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

A esta comunicación, también suscriben las siguientes organizaciones:    

1. ASFADESFEL: Asociacion de Familias Desplazadas en busca de Felicidad

2. Asociación Agroambiental del Galeras ASOAGROGALERAS

3. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitario, Capítulo Atlántico

4. Asociación de familiares de desaparecidos del Pacífico – AFADEPA, Tumaco

5. Asociación de familias unidas por un solo dolor – AFUSODO

6. Asociación de mujeres pro desarrollo de la mujer Santa Ritera

7. Asociación de víctimas construyendo país de Ipiales – ASOVICOMPI 
8. Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA


9. Asociación de víctimas Reverdecer

10. Asociación Familiares de Victimas Trujillo AFAVIT 


11. Asociación GEMPREN Gente Emprendedora 


12. Asociación Luz de Esperanza - AFAVIDELET, Tumaco 


13. Asociación por un Nuevo Futuro – ASODENUF 


14. ASODEMUSA 
15. ASOLAVIDI 


16. Colectivo DF de Familias Buscadoras del municipio de Santo Tomas Atlántico


17. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda


18. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 


19. Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta – CCDHM


20. Comité de DH de la montaña de Samaniego


21. Comité de víctimas Comuna Tres


22. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH, Valle del Cauca


23. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH


24. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Atlántico
25. Comunidades eclesiales de base y grupos cristianos Medellín 
26. Confluencia Mujeres para la Acción Pública de Átlantico
27. Confluencia Mujeres para la Acción Pública de Nariño


28. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
29. Corporación Jurídica Libertad


30. Corporación Jurídica Yira Castro


31. Corporación Justicia y Dignidad
32. Corporación la Educación Autogestión Ciudadana CEAC


33. Corporación Para el Desarrollo Regional
34. Corporación Plural


35. Corporación PODERPAZ


36. Corporación Tiempos de Vida Bolivar
37. Corporación Vida-paz


38. Corporación Vínculos


39. dhColombia


40. Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS 
41. Familiares Colombia - Línea Fundadora 
42. Familiares de personas desaparecidas de Cali y Valle del Cauca


43. Fundación Centro de promoción de desarrollo
44. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP, Atlántico


45. Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano - FUNDESUMA
46. Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ


47. Fundación Granizal Unidos por mi País
48. Fundación Guagua


49. Fundación Hasta Encontrarlos


50. Fundación Mujeres víctimas por la Paz – MUVICOPAZ
51. Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez, Sincelejo


52. Fundación para los Derechos Humanos “Nydia Érika Bautista” – FNEB
53. Fundacion Sol y Tierra


54. FUNDEMOCRACIA
55. FUNDESCODES - Capilla de la Memoria Buenaventura


56. Grupo Socio Cultural DESDE ADENTRO
57. Grupo Tejiendo Memorias


58. Human Rights Everywhere - HREV Colombia
59. Humanidad Vigente Corporación Jurídica


60. Madres por la Vida


61. Maria del Pilar Navarrete Urrea, Familiares Palacio de Justicia


62. Mesa Departamental de Desaparición Forzada – Antioquia


63. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE


64. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, Capítulo Bogotá 
65. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP


66. Mujer sigue mis Pasos
67. Mujeres caminando por la Verdad


68. Narrar para Vivir
69. PROYECTO DES.


70. Remolfino Magdalena


71. Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca


72. Santamaría Fundación


73. SINALTRAINAL Dosquebradas


74. Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali – SINTRAEMCALI


75. Surcando Comunicaciones


76. Unión de ciudadanas de Colombia Seccional Cali