La JEP convoca a rendir versiones voluntarias a militares de la IV División del Ejército Nacional como presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Meta
Desde el 20 hasta el 31 de mayo se llevarán a cabo seis versiones voluntarias de los militares (R) Aldemar Cárdenas Guillen, Blas Antonio Quiceno Quintero, Favio Nelson Soache Flórez, Iván Luna Veloza, Dainer William Bonilla Tovar Y Juan Carlos Rodríguez Agudelo, presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Meta, cometidas por el Batallón de Infantería No. 21 “Pantano Vargas”, adscrito a la IV División del Ejército Nacional.
Estas versiones voluntarias son convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas- SRVR- de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, y se dan a raíz de la insistencia de los familiares de víctimas quienes exigen el esclarecimiento de las circunstancias en las que perecieron sus seres queridos, así como condenas ejemplares para los responsables.
El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda-Colectivo OFB- ha documentado 66 casos con 99 víctimas ocurridas en los departamentos del Meta y Guaviare en los que se encuentran involucradas unidades militares adscritas a la IV División. De estos casos existen al menos 12 patrones de macrocriminalidad que permiten evidenciar prácticas sistemáticas presentes en las ejecuciones de civiles presentados como positivos operacionales por miembros de esta División.
Los 12 patrones de macrocriminalidad que el Colectivo OFB ha identificado son: 1) estigmatización de la población civil; 2) uso de informantes; 3) planificación y cooperación con paramilitares; 4) retención de víctimas mediante el engaño de ofertas de trabajo; 5) preparación del escenario para la simulación de los hechos; 6) uso de estímulos; 7) simulación del combate para fabricar los resultados operacionales; 8) presentación de víctimas como bajas en combate pertenecientes a grupos guerrilleros, bandas criminales o paramilitares; 9) alteración de la escena del crimen y destrucción de las pruebas; 10) ocultamiento de la víctima, algunas fueron sepultados como Personas No Identificadas a pesar de que en varios casos se encontraron en los cuerpos sus documentos de identificación; 11) legitimación de los crímenes y 12) prácticas tendientes a impedir las investigaciones.
Además de esto, se ha identificado que, en varios de los casos se presentó la desaparición forzada como modalidad de ocultamiento de cuerpos al ser inhumados como no identificados, siendo este un delito de lesa humanidad que no ha sido investigado por la justicia ordinaria, por lo que las víctimas reiteran a la JEP la necesidad de la apertura del macro-caso de desaparición forzada.
Durante estas versiones voluntarias que iniciaron el jueves 20 de mayo, las víctimas tendrán la oportunidad de participar en compañía de sus representantes judiciales, quienes realizarán las intervenciones pertinentes y necesarias con el fin de garantizar su derecho a la verdad para el esclarecimiento de los hechos acaecidos en el marco del conflicto armado y la construcción de memoria histórica, fundamental en los procesos de reparación individual y colectiva de víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, así como a la garantía de los derechos a la justicia y el establecimiento de garantías de no repetición de los crímenes.