"El estigma como política de Estado" El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP presenta su informe semestral

• También se socializará el panorama de DD.HH., DIH y Violencia Política del último año. Esta vez el enfoque regional de la revista y la rueda de prensa será en la Orinoquía con la participación de la Red Llano y Selva.
• La rueda de prensa contará con la participación de Martha Márquez, directora de Cinep; Javier Giraldo S.J. y Alejandro Angulo S.J. del Banco de Datos del Cinep; Olga Silva de Humanidad Vigente; y Alcibiades Rodríguez, líder indígena sikuani.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, por medio de la revista Noche y Niebla No. 64, correspondiente al período comprendido entre el día 01 de julio y 31 de diciembre del año 2021, ha registrado información sobre las violencias políticas permanentes en el territorio nacional. Estas violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos son una forma de estigmatización al liderazgo social, la defensa del territorio, las movilizaciones y justas protestas sociales.

Las centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles convocaron a una gran movilización social en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Ante las justas protestas de la sociedad colombiana, el gobierno nacional implementó un sistema represivo profundamente antidemocrático que trató a los ciudadanos como delincuentes o enemigos de la seguridad del Estado. Ejemplo de ello, fue la estigmatización, la amenaza, la detención y la judicialización arbitraria de los jóvenes de la Primera Línea.

La estigmatización como política de Estado, clara muestra del miedo a la exigencia de derechos fundamentales, llevó a la multiplicación de judicializaciones y detenciones contra quienes se movilizaban.

EL PANORAMA NACIONAL EN 2021: Fuerza Pública y paramilitares, los mayores responsables de las violaciones a los derechos humanos.

En lo que respecta a las violaciones de Derechos Humanos durante el 2021 se registró un total de 1472 victimizaciones cuyas víctimas fueron 830 hombres, 220 mujeres y 422 personas de las que se desconoce su género; el mayor número de victimizaciones fueron las lesiones físicas (460 heridos), las detenciones arbitrarias (456 personas) y las amenazas de muerte (343 personas amenazadas). De acuerdo a la información conocida, los departamentos con mayor índice de violaciones a Derechos Humanos, en cuanto a victimizaciones cometidas, fueron: (1) Santander con 321, (2) Bogotá D.C. con 205, (3) Cauca con 191, (4) Valle del Cauca con 180 y (5) Boyacá con 123.

Los mayores responsables de las violaciones a los derechos humanos, en cuanto a victimizaciones (entendidas como ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones, judicializaciones arbitrarias, lesiones físicas y torturas, entre otras), fueron respectivamente: la Policía Nacional con 1102; los grupos paramilitares con 286; la Fiscalía General de la Nación con 83 y el Ejército Nacional con 73 victimizaciones.

Es muy preocupante que a las acciones perpetradas por los grupos paramilitares (con distintas y confusas denominaciones), quienes ejercen control social y territorial, sembrando el terror, solamente se responda con la huida o el silencio, fortaleciendo así su expansión local y nacional. El Cinep/PPP constató el evidente fortalecimiento del paramilitarismo en 2021, a través de la amenaza (194 amenazas de muerte) y la ejecución de ciudadanos inocentes (52 ejecuciones extrajudiciales), 9 personas heridas, 17 desapariciones forzadas, 5 personas torturadas. Y siete víctimas de violencia sexual.

Violencia político-social y guerra sucia

En Colombia, la información sobre hechos de violencia político-social, no permite acceder a los presuntos responsables. Entre enero-diciembre de 2021 fueron cometidas 898 victimizaciones, sin que se pudiera acceder a datos sobre los presuntos responsables. Las víctimas fueron lideresas y líderes sociales, excombatientes de las FARC-EP, campesinos, indígenas, afros, líderes políticos de oposición, entre otros. Dicho tipo de violencia cometida bajo móviles de persecución política o intolerancia social es denominado ‘violencia político-social’ por el banco de datos del Cinep/PPP. La mayor parte de las 898 victimizaciones se presentaron en los departamentos de: (1) Cauca con 331, (2) Norte de Santander con 116, (3) Valle del Cauca con 75, (4) Huila con 58 y (5) Nariño con 57. Y Antioquia con 48 victimizaciones.

Conflicto armado interno: Infracciones al DIHC

Durante 2021, el Cinep/PPP registró 344 infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la mayoría de ellas cometidas en los departamentos del Cauca (153), Antioquia (42), Guaviare (27), Valle del Cauca (25) y Bogotá D.C. (23). Los presuntos responsables fueron: guerrilla, entendida como EPL, ELN y disidencias de las FARC-EP; Ejército Nacional, Policía Nacional y los grupos paramilitares.

EL PANORAMA REGIONAL: la crisis humanitaria en la región de la Orinoquia y los Llanos Orientales

La Orinoquía representa el 30% del territorio colombiano. Se ubica al suroriente del país y se compone por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada y una parte de los departamentos del Guaviare y Guainía.

Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, habitantes ancestrales de estos territorios, viven hoy la tragedia causada por la fallida implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. A eso se suma la presencia y el accionar de los grupos paramilitares y las disidencias. Los constantes operativos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación que han estado inscritos en la política de consolidación territorial, marcada por la “estabilización” son, de hecho, la imposición de megaoperaciones como la denominada “Artemisa”, que han causado mayor empobrecimiento de las comunidades, su expulsión y el desplazamiento de personas de aquellos territorios que hacen parte de las áreas de manejo especial, Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas.

Uno de los problemas centrales de la Orinoquia es el acaparamiento de la tierra. Los grupos de poder legales e ilegales siguen violando de manera sistemática los Derechos Humanos y crean mecanismos jurídicos que les permiten la legalización del despojo y asegurar para sí mismos la riqueza de estos territorios. La impotente víctima de estos atropellos es la población civil que por generaciones ha visto cómo los grandes beneficiados con el despojo son empresarios nacionales y extranjeros quienes, con su gran músculo económico, su influencia política y aparatos paramilitares de violencia, siguen excluyendo a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas.

El Cinep/PPP en su apuesta por la vida, reitera su gran preocupación por la crisis de Derechos Humanos vigente en Colombia, al corroborar que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados y criminalizados bajo patrones de represión y violencia de carácter estructural, que permean la cultura y generan estereotipos de segregación, polarización e intolerancia. La guerra sucia y el exterminio atribuido al Estado se han consolidado como estrategia de combate. La ideología excluyente facilita la creación de grupos de oposición (armados o no), a lo cual el Estado responde por medio de la fuerza pública legal o el paramilitarismo.

Resulta paradójico que en un mundo como el actual, caracterizado por la comunicación global, el acceso inmediato a la información, una sociedad con mayor conciencia y diversidad de pensamientos, emociones y conocimientos, se pretenda mantener una visión de uniformidad cultural, se reproduzcan palabras y actos violentos frente a la diferencia, y se promuevan la desigualdad y los discursos de intimidación o segregación, basados en teorías hegemónicas.