DENUNCIAMOS LA SITUACIÓN DE CRISIS HUMANITARIA EN EL PACÍFICO NARIÑENSE

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (ORIPAP), y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) denunciamos ante la opinión pública, el gobierno nacional de Colombia, la institucionalidad departamental de Nariño y las autoridades locales de Tumaco la grave situación humanitaria que viven las comunidades indígenas por cuenta de los enfrentamientos entre todos los grupos armados de la zona. En este momento las comunidades indígenas más afectadas son: Las Palmas, El Barrero, La Feliciana, Tigrillo Chiquito, Tigrillo Grande, Cacique, Alto Azúcar y Quejuambí Centro, pertenecientes al Resguardo Quejuambí Feliciana; también han sido afectadas las comunidades negras del Consejo Comunitario El María. La situación que hoy sufren las comunidades de Quejuambí puede presentarse en cualquier momento en los resguardos Pulgande Campoalegre, Gran Rosario, Piguambí Palangala y todos los demás de la zona rural del municipio de Tumaco.

Desde hace diez días se vienen presentando constantes enfrentamientos armados en territorios ancestrales del pueblo Awá. Estos combates comenzaron por el territorio del Resguardo Piguambí Palangala y se han ido extendiendo hacia el territorio de Alto Mira y Frontera. La situación se volvió más crítica en la tarde del pasado 30 de noviembre de 2022 debido a que la disputa armada se realizó en inmediaciones de las viviendas de las comunidades. Esto ha producido las siguientes vulneraciones de derechos de la población civil:

Ø El desplazamiento masivo de aproximadamente 600 (seiscientas) personas, entre comunidades indígenas y comunidades negras hacia un albergue humanitario ubicado en el corregimiento de Llorente y hacia otros resguardos.

Ø Las personas que no se desplazaron forzadamente están actualmente en situación de confinamiento, sin alimentación o agua potable: la restricción a la movilidad terrestre y fluvial viene afectando al menos a 56 familias y 198 habitantes que se encuentran aún en la zona de los enfrentamientos. Debido al confinamiento e incomunicación aún hay muchas situaciones humanitarias por verificar.

Ø El daño total de cultivos de pancoger, la muerte de animales y la afectación a múltiples hogares y espacios comunitarios por cuenta de las balas. Las fotografías que se han podido tomar demuestran la barbarie por la que están atravesando: balas por todos lados, animales asesinados, viviendas afectadas, entre otras.

Ø Además, las comunidades indican que la fuerza pública ha entrado realizando señalamientos y afirmaciones falsas, que han profundizado el riesgo de las comunidades. Contrario a lo dicho por las Fuerzas Militares, las autoridades étnicas no hemos solicitado la militarización del territorio y nos preguntamos: ¿Qué buscan con estos señalamientos y mentiras?

De igual forma, denunciamos la negligencia de las autoridades e instituciones nacionales, regionales y locales que no se han tomado con seriedad y urgencia la atención a la situación humanitaria tan difícil que están viviendo estas comunidades:

Ø No se ha tomado la declaración de desplazamiento forzado masivo ni de confinamiento.

Ø La Alcaldía de Tumaco hizo entrega de pequeños paquetes alimentarios a las familias indígenas el día sábado 3 de diciembre, insuficientes e inadecuados (por ejemplo, no incluían panela ni azúcar). Estos alimentos ya se acabaron, por lo cual las familias están a duras penas mitigando el hambre gracias a la solidaridad de algunas personas y organizaciones.

Ø La Gobernación de Nariño no ha hecho presencia ni proporcionado ningún tipo de atención.

Ø La Unidad para las Víctimas (UARIV) no ha hecho presencia en la zona ni proporcionado ningún tipo de atención.

Ø Una parte de la población está durmiendo en el suelo, pues no se han recibido colchonetas.

Ø No se ha recibido ningún tipo de elementos de aseo para la población desplazada en general, ni mucho menos para atender las necesidades específicas de las mujeres, bebés, niñas y niños.

Ø La población confinada no ha recibido ningún tipo de atención.

Ø La mayor parte de la población desplazada carece de toldillos, lo cual implica un alto nivel de vulnerabilidad frente a las enfermedades propias de la zona.

Ø No se han realizado jornadas de atención en salud de manera adecuada y suficiente, para mitigar el impacto del desplazamiento forzado.

Por todo lo anterior, las organizaciones en conjunto (Colectivo OFB, ORIPAC y REDHPANA) rechazamos categóricamente la situación provocada por los enfrentamientos y, por lo tanto:

EXIGIMOS

Al gobierno nacional, en cabeza del presidente GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO y de la vicepresidenta FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA; al Ministro del Interior ALFONSO PRADA GIL; a las autoridades departamentales, presididas por el gobernador JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA; a la Alcaldía de Tumaco, dirigida por MARÍA EMILSEN ANGULO GUEVARA; a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS; a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN y a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO:

1. La atención inmediata y urgente de la situación con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para detener la vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales de los resguardos indígenas del pueblo Awá asociados en ORIPAC en el Pacífico Nariñense, así como para tomar todas las medidas de protección que garanticen la no repetición de estos hechos, en cumplimiento de la Ley 387 de 1997, el Decreto Ley 4633 de 2011, el Auto 004 de 2009, el Auto 266 de 2017, el Auto 620 de 2017, el Decreto 2078 de 2017, y el Auto 894 de 2022, entre otras muchas normas que vienen incumpliendo sistemáticamente.

2. Proporcionar ayuda humanitaria de emergencia al conjunto de habitantes, familias y comunidades indígenas afectadas por los enfrentamientos. Esta atención debe estar dirigida tanto a las víctimas de desplazamiento forzado como a aquellas que se encuentran confinadas y con restricción de su movilidad. Pero más allá de las acciones básicas para atender esta nueva emergencia, se necesitan medidas permanentes de prevención y protección del desplazamiento forzado y el confinamiento, así como garantías de no repetición.

3. La no militarización de los territorios ancestrales que agrava la emergencia y profundiza el riesgo de los y las comuneras, pues esta no es la solución.

A TODOS los grupos, estructuras y actores armados, legales e ilegales, que operan en la zona:

1. Un cese al fuego total e inmediato de las hostilidades que han provocado las afectaciones señaladas.

2. No tomar a las comunidades como escudo para sus acciones y no involucrarlas en el conflicto, pues no son parte de ningún actor armado.

3. Respetar el ejercicio autónomo de gobernabilidad y gobernanza que realizan las autoridades étnicas en su territorio, y no señalar ni amenazar a las autoridades indígenas ni a sus líderes por la presencia que haga uno u otro actor armado legal o ilegal. Las comunidades y autoridades étnicas somos neutrales: no estamos a favor ni en contra de ningún actor armado legal o ilegal.

4. Respetar los territorios ancestrales, los resguardos indígenas y las autoridades étnicas.