CONTINÚA LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, en Colombiase tuvo información sobre480 casos con 983 victimizaciones,todas vulneraciones a los Derechos Humanos;infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario y ViolenciaPolítico-Social, según los datos registrados por el Banco de Datos de DerechosHumanos y Violencia Política del Cinep/PPP y la Red Nacional de Bancos de Datos.
Cifras globales muestran que los hombres fueron los más afectados por estasviolencias, aunque la falta de información en algunos casos, no permite precisar conexactitud el número de víctimas en términos de sexo. Sigue siendo una constante elataque a las personas que ejercen liderazgos sociales y a las reincorporadas. Seobtuvo información del asesinato de 86 personas que ejercían liderazgo social.También, se siguen cometiendo ejecuciones en la modalidad de “falsos positivos”,con un registro de seis casos.
En cuanto a los victimarios se evidenció que los paramilitares, la Policía, la Fiscalía yEjército son los principales perpetradores de las victimizaciones enel marco de lasviolaciones a los DDHH. En cuanto a infracciones graves al DIHC, las disidencias delas FARC-EP y el ELN son los principales infractores. También se registró un granvolumen de victimizaciones sobre las cuales no se pudo identificar a los victimarios.
El departamento del Cauca registró el mayor número de victimizaciones, seguido porValle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia. Sin embargo, teniendo en cuenta quela situación de violencia política en Colombia es estructural y generalizada debetenerse una mirada en todas las regiones y no descuidar aquellas donde puedenpresentarse picos de violaciones dada su conflictividad por el control de laseconomías legales e ilegales, así como la disputa territorial y económica entre losgrupos armados. En este sentido, larevista Noche y Niebla 65pone su atención a lasvulneraciones en el departamento del Cesar que incluye tres zonas de influencia, unavinculada a la dinámica de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta; el centro más articulado al río Magdalena y el sur del Cesar con su conexión al Catatumbo y elMagdalena Medio.
Infografías revista Noche y Niebla
El foco entonces está en las dos últimas zonas de laregión Cesar, donde seregistraron343 casos que involucran múltiples victimizaciones desde 2010y en lo queva corrido de 2022 se denunciarontres asesinatosde líderes socialesen la región, queevidencian la crisis humanitaria en dicho territorio. El hecho más reciente ocurrió el 2de agosto en el municipio de Tamalameque (Cesar), en donde asesinaron a José LuisQuiñones, líder campesino integrante de la Comisión de Interlocución del Sur deBolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario-CNA, quienlideraba procesos de recuperación de tierras en Tamalameque y Río de Oro (Cesar).
Las otras dos víctimas fueron los líderes campesinos Teófilo Manuel Acuña Ribón yJorge Alberto Tafur Acuña, quienes luchaban por el rescate de los playonescomunales disputados entre la comunidad de pescadores y los terratenientes delMagdalena Medio, donde existían más de60 ciénagas hoy desaparecidas.Sus luchas, por la protección de los ecosistemas y en especial por el agua, es la quehan librado muchos otros defensores de la tierra, las comunidades y la biodiversidad,por más de 25 años. Una resistencianecesaria al ver que han sido afectados en susterritorios más deuna docena de cauces de aguapor las desviaciones y lacontaminación de empresas mineras como Drumond, Prodeco SA o Murray Energy.
A la fecha, ninguna de lastres comunidades: Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, quedebían ser objeto de reasentamiento, ordenado por el Ministerio del Medio Ambiente,no han logrado aplicación de justicia y resarcimiento de los daños causado;igualmente, las comunidades temen que tampoco se implementen reparacionesmedioambientales porque como manifestó la Asociación Interamericana para laDefensa del Ambiente(AIDA),aunque en este momento las minerasentreguen losterritorios, los daños causados pueden extenderse hasta 2030.
Una causa de estas violencias y agresiones obedece a la estigmatización ycriminalización que se han implementado durante los procesos de recuperación detierras emprendidos porcampesinos y comunidades negras. Las personas recibenfrecuentemente ataques, amenazas y amedrentamientos por parte de gruposarmados (Fuerza Pública, paramilitares y guerrillas).
“El movimiento social y campesino exige al gobierno nacional ir más allá de laimplementación de puestos de mando unificados por la vida. Es necesario que cesenlos desalojos arbitrarios y las intimidaciones por parte de grupos paramilitares y por parte del mismo Estado. Es imprescindible que el gobierno reconozca al campesinadocomo sujeto de derechos y dignifique el enfoque étnico de las comunidades afro quehacen presencia en la región. Urge la implementación de una verdadera política agrariaque garantice el derecho sobre la tierra que tienen los campesinos y comunidadesnegras de la región del Centro y Sur del Cesar”, afirmó elComité de Acción JurídicaPopular.