Comunicado de organizaciones de la sociedad civil frente a la respuesta del Gobierno de Colombia a siete relatores que hicieron un llamamiento sobre el riesgo de reactivar el PECIG

En diciembre pasado los Relatores especiales de Sustancias Tóxicas, Salud, Medio Ambiente, Defensores de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Alimentación remitieron al Gobierno de Colombia, a través de los canales diplomáticos, un ‘Llamamiento Urgente’ sobre la reanudación de las aspersiones aéreas y las obligaciones internacionales de derechos involucradas. Es un mensaje contundente en el cual los siete relatores compartieron de forma unánime el pronunciamiento que se elevó por parte de organizaciones de la sociedad civil en noviembre pasado, demostrando además la interconexión entre la amenaza a diversos derechos humanos, la construcción de paz, la protección del ambiente, ecosistemas y los derechos fundamentales de la población campesina, indígena y afrodescendiente con la posible reanudación de la fumigación con glifosato en Colombia.

En su respuesta, el gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, omitió pronunciarse sobre el contenido de las preocupaciones y la evidencia presentada, y se negó a presentar la información adicional que los Relatores le solicitan. Lo más grave es que el Gobierno acude al Código de Conducta que rige a estos mecanismos para invisibilizar dichas preocupaciones, desestimar la urgencia del asunto, y no dar una respuesta de fondo, pese al anuncio del Ministro de Defensa del inicio de las aspersiones aéreas este mes (marzo de 2021).

Es importante subrayar que el trabajo de los Procedimientos Especiales, como los Relatores, incluye explícitamente dentro de sus funciones la de hacer este tipo de llamados para verificar y evaluar la ocurrencia de posibles violaciones a los derechos humanos. Hace parte de las obligaciones internacionales de los Estados actuar frente a estos llamados, a través de la cooperación y el intercambio de información, así como con la facilitación de visitas oficiales.

Cabe recordar, además, que el mandato de los Relatores está enmarcado en la implementación de tratados internacionales de derechos humanos y todos compromisos que ha adquirido el Estado al ratificar esos instrumentos, como la Carta de Naciones Unidas, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales, entre otros.

Los Relatores incluyeron entre sus peticiones una solicitud de información sobre todo el proceso para la reanudación de las fumigaciones, y sobre las maneras como se están manejando los riesgos de la actividad. Teniendo esta oportunidad de cooperar de manera transparente, a través de la divulgación de información, el gobierno escoge desviar la atención al Código de Conducta en desconocimiento de la facultad con la que se ha investido a los Relatores para adoptar este tipo de medidas.

En su carta de respuesta, el Gobierno colombiano declara que, de acuerdo con dicho Código, para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, sólo proceden los llamamientos urgentes “en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas”.

El Gobierno desconoce que en la carta se hace expresa mención a la situación de contexto en el que se está intentando la reanudación de las fumigaciones con glifosato y los riesgos inminentes que ello representa para la vida e integridad de muchas personas en el campo colombiano. Este contexto, detallado en la comunicación de los Relatores, incluye la agudización de la violencia contra líderes y lideresas sociales, con especial referencia al asesinato de personas que están relacionadas con la implementación del programa de sustitución, el contexto de la pandemia y la grave situación económica por la que atraviesa el país. De hecho, la carta cita datos de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, que registró 107 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el 2019. Y en lo que va de este año ya ocho personas han muerto por defender la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-. Es innegable el contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos, campesinado y, especialmente, contra las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud, la alimentación y al medioambiente en el país, quienes son justamente los principales denunciantes de las amenazas a los derechos de las comunidades que representan.

La Cancillería afirma también que “los procedimientos especiales prejuzgan, sin una base cierta para ello”, al afirmar en su comunicación que la eventual reanudación de la fumigación con glifosato sería un incumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en su sentencia T-236 de 2017, así como de otras obligaciones internacionales. En su comunicación, los Relatores Especiales solicitan información al gobierno, no se toma ninguna decisión ni se prejuzga. Pero lo cierto es que en el país aún no se han resuelto acciones judiciales (tutelas) ni administrativas (plan de manejo ambiental y su autorización y estudio de impacto en salud y su autorización), y sin embargo el Ministerio de Defensa ha anunciado fechas concretas de inicio para la aspersión aérea.

Para garantizar los derechos fundamentales, el Gobierno debería proporcionar sin dilación alguna toda la información solicitada por los Relatores, particularmente, sobre las medidas que tiene para prevenir el riesgo de las fumigaciones aéreas, así como las que tienen como fin dar cumplimiento a las “condiciones estrictas” que puso la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-236 para una eventual reanudación del PECIG: objetividad, imparcialidad y participación en el proceso de evaluar los riesgos planteados por la aspersión aérea sobre la salud humana y el medio ambiente, que aún no concluyen. Durante el procedimiento de la modificación del plan de manejo ambiental exigido por la Corte Constitucional, las comunidades que serían afectadas por la aspersión se han quejado públicamente y en instancias judiciales porque no ven garantizados sus derechos de acceso a la información y participación. Y en lo que se refiere al de salud, los datos aún no son públicos ni objeto de participación ciudadana alguna.

Un gobierno comprometido con los derechos humanos no dudaría en responder a los requerimientos de la ONU para mostrar su cooperación con el sistema internacional y demostrar, si es del caso, que las presuntas violaciones no están ocurriendo ni van a ocurrir. Las organizaciones acá firmantes reiteramos nuestro compromiso con la construcción de paz, la protección del ambiente, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el respeto de los derechos de las poblaciones que cultivan hoja de coca, así como el compromiso a generar espacios de participación y diálogo para esos fines. Por ello, invitamos al Gobierno a honrar sus compromisos internacionales y responder de fondo al grupo de Relatores.

FIRMAS DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, AMBIENTALES, DE DERECHOS HUMANOS Y DE REFORMA A LA POLÍTICA DE DROGAS