Carta de la sociedad civil a la Unidad Nacional de Protección
Exigimos a la Unidad: (1) cumplir con todas sus obligaciones legales, constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos de manera oportuna y en el marco de la emergencia social, económica y sanitaria; (2) reevaluar la situación de riesgo debido a este contexto y asegurar que la Unidad esté respondiendo a posibles cambios en necesidades de seguridad, tomando en cuenta los cambios que representan las restricciones y medidas adoptadas para la seguridad de las y los defensores; y (3) responder a las necesidades de los casos específicos señalados en este documento.
Los países alrededor del mundo se enfrentan a una crisis nueva y sin precedentes con la pandemia del COVID-19. Para evitar el colapso de sistemas de salud y un número incalculable de muertes, los países han tomado medidas fuertes para proteger la salud pública. Reconocemos que el gobierno nacional y los gobiernos regionales en Colombia se enfrentan a decisiones difíciles sobre cómo abordar esta crisis, y saludamos las acciones que ya se han tomado para garantizar la salud y bienestar de la población de Colombia, tanto nacionales como residentes extranjeros. Sin embargo, recalcamos al gobierno de Colombia la importancia de que garantice los derechos de los líderes y lideresas sociales, personas defensoras, periodistas y comunidades en situación de riesgo en el contexto de la crisis sanitaria.
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