Balance de los 5 años de la apertura del macrocaso 03 en la JEP
Olga Naizir - Abogada del Colectivo OFB
Colombia se encuentra en deuda de justicia con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, pues la jurisdicción ordinaria no ha investigado eficazmente crímenes de lesa humanidad, incumpliendo obligaciones contenidas en pactos internacionales sobre garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Desde que iniciaron los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP las víctimas propendieron para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada actuara con vehemencia en el establecimiento de máximos responsables, patrones de macrocriminalidad y modus operandi que permitieran conocer las causas y razones de la violencia sociopolítica y el conflicto armado en nuestro país.
Es así que, mediante auto 05 de 17 de julio de 2018 la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas-SRVR de la JEP avocó el conocimiento del caso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”. Posteriormente en auto 125 de 02 de julio de 2021 modificó su nombre a “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado”, un gran avance, pues en numerosos casos la práctica de ejecuciones extrajudiciales estuvo asociada al delito de la desaparición forzada y muchos de estos cuerpos aún se encuentran inhumados como no identificados en cientos de cementerios del país. En el auto 033 de 12 de febrero de 2021 la JEP dio a conocer públicamente la metodología de priorización en dicho macrocaso. Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta fueron las regiones seleccionadas.
Desde luego la JEP ha tenido avances en la lucha por la justicia, las audiencias colectivas; las audiencias de reconocimiento, como la recién realizada por hechos acaecidos en Dabeiba (Antioquia); las órdenes de inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) a las víctimas reconocidas son un claro ejemplo de ello. Pese a este progreso, muchos casos siguen en la impunidad, varios de ellos ocurridos en otras zonas del país, otros incluso en las regiones priorizadas, por ejemplo, en el departamento del Meta (el segundo con más casos) solamente se ha investigado una unidad militar (Batallón 21 Vargas), lo que dificulta determinar responsabilidades de altos mandos y garantizar verdad al país.
Como representante de víctimas estimo indispensable que las investigaciones se realicen teniendo en cuenta que se trata de prácticas generalizadas caracterizadas dentro de la lógica de crímenes de sistema, por lo que, el macrocaso no debe ser fragmentado en términos de verdad, acceso a la justicia, investigación, sanción y determinación de garantías de no repetición; dificultades que se han venido presentando, pues la subdivisión regional de los macrocasos ha significado limitaciones para el acceso a la información, ya que en algunas ocasiones pese a que las víctimas se encuentran acreditadas se ha exigido demostrar el interés directo y legítimo respecto a una subregión específica o compareciente; se les ha restringido la participación en diligencias porque sus casos no ocurrieron en regiones específicas; se ha imposibilitado la participación de víctimas de las subregiones no priorizadas en versiones voluntarias de otras regiones del país; se ha limitado el acceso a piezas procesales y demás documentos que conforman los expedientes de los casos; no se ha dado respuesta a solicitudes de víctimas; no hay coordinación entre las diferentes salas y secciones; se han proferido resoluciones de conclusiones fragmentadas que impiden una visión holística del conflicto armado y la violencia sociopolítica, entre otros.
Aunado a lo anterior, resulta fundamental que se trascienda del Ejército Nacional en las investigaciones y se evalúe la responsabilidad de integrantes de todos los componentes de la fuerza pública (aéreo, marítimo y terrestre) y otros agentes de Estado, la responsabilidad del comando conjunto de las fuerzas militares, el ministerio de defensa, la presidencia, otros agentes del Estado y terceros, logrando incluso atribuciones de responsabilidad mediante títulos de imputación por acción como la autoría mediata de aparatos organizados de poder, develando así la existencia de un aparato criminal y desvirtuando la tesis usada por los detractores del proceso de paz sobre “las manzanas podridas”. De lo contrario, la paz total será una utopía.