Las organizaciones que hacemos parte de la Campaña por la Independencia de la Justicia expresamos nuestra preocupación por la impunidad que persiste en los graves hechos denunciados por el portal La Nueva Prensa hace ya varias semanas en torno a los crímenes del Clan del Clan del Golfo, los cuales siguen sin ser investigados por la Fiscalía a cargo de Francisco Barbosa. Más allá del enfrentamiento que se generó con el ejecutivo, aún está por conocerse la magnitud de este caso, uno más de los que sigue sin avanzar mientras el jefe del ente investigador se dedica a hacer política.

Recordemos que la solicitud de información hecha hace varias semanas por el Presidente de la República al Fiscal General de la Nación sobre las actuaciones desplegadas por la Fiscalía para investigar, capturar y sancionar a jefes del Clan del Golfo por el asesinato de unas 200 personas, fue respondida tardíamente, de manera reservada, con un lenguaje evasivo y con clara la voluntad de minimizar, ocultar y mantener en la impunidad loshorrendos crímenes perpetrados por los máximos responsables detrás de esta estructura criminal. 

Como lo ha hecho en otros casos, la Fiscalía dirigida por Barbosa ha anunciado elevadas cifras de esclarecimiento de los casos que no necesariamente corresponden a la realidad. Lo que es más grave, se han desestimado las denuncias presentadas, mientras las estructuras criminales siguen imponiendo el terror en las comunidades y expanden su control territorial

Ante los medios, la vicefiscal Marta Mancera afirmó que “aquí no hay 200 homicidios que haya perpetrado el Clan del Golfo”^1 (El Espectador 2023, 10 de mayo), y que: “los 200 homicidios entre 2008 y 2010 no existieron”^2 (Caracol 2023, 9 junio). En rueda de prensa, la vicefiscal “explicó que en 2008 ni siquiera se hablaba del Clan del Golfo y este caso es de esa época”^3. En otras declaraciones señaló que “no hubo 200 homicidios por parte de este grupo criminal en la costa Caribe”, y que en realidad, “se evidenció la existencia de 21 homicidios, entre los años 2021 y 2022 en los departamentos de Magdalena y Antioquia, de los cuales ya se logró resolver 12 de estos casos y que solo uno correspondería al Clan del Golfo”^4.

Otros reportes de prensa citan que, según un informe de la Fiscalía, “el grupo armado no cometió 200 asesinatos en la costa Atlántica de Colombia entre 2008 y 2010”, y que respecto a 21 homicidios perpetrados entre 2021 y 2022, "se trata de 18 víctimas en Magdalena y tres en el departamento de Antioquia. La Fiscalía ha logrado resolver la afectación de 12 de esas víctimas. Se reitera que, salvo un solo caso, no se trata de eventos detrás de los cuales exista una estructura criminal"^5.

Ninguna de estas afirmaciones es cierta y solo refleja la actitud negacionista y la inoperancia de la Fiscalia -especialmente bajo las direcciones de Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa- frente a la magnitud y responsabilidad del paramilitarismo en el genocidio continuado de amplios sectores de la población sometidos a su control violento.

Otras 10 denuncias de amenazas de muerte que concluyeron en muerte de la víctima y que la inacción de la Fiscalía no evitó, fueron reveladas en un informe periodístico de la Revista Raya que detalla cómo y cuándo fueron interpuestas a partir del año 2010 en contra de miembros del Clan del Golfo frente a los cuales no se hizo esfuerzo por decretar sus capturas e impedir concretar sus amenazas (Revista Raya 2023)^6.

La información del Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política del Cinep muestra que entre 2008 y 2010 no fueron sólo 200 los homicidios perpetrados por el paramilitarismo, sino cerca de siete veces esa cifra, pues en solo esos tres años se atribuyeron a su autoría 1258 homicidios y 83 desapariciones forzadas, para un total de 1.341 víctimas.

Solamente en el contexto del cese al fuego en lo corrido del año, el Banco de Datos documentó 233 homicidios y 44 desapariciones forzadas atribuibles al paramilitarismo entre 2020-2022 (277 violaciones al derecho a la vida), mientras por otra parte, reporta los casos de 1.280 personas víctimas de violencia perpetradas por “autor indeterminado”^7. De ambas categorías de homicidios el Banco de Datos documenta 19 en el Departamento de Magdalena, 43 en Bolívar y 182 en Antioquia, una cifra mucho más abultada que los dos casos que la vicefiscal Mancera expone como los de responsabilidad del Clan del Golfo. 

Sobre la aseveración de que el Clan del Golfo es una estructura reciente, una sencilla constatación sobre los informes de organizaciones de derechos humanos en estos años pone de presente que muy rápidamente las AUC se recompusieron como AGC o Clan del Golfo, a través de aparatos criminales que se dejaron sobrevivir con ese fin, como el Bloque Elmer Cárdenas actuante en el Norte de Urabá y Sur de Córdoba (Corpades, 2021) convirtiéndose en la fuerza hegemónica del paramilitarismo a nivel nacional^8.

Para el año 2008, los informes de la Comisión Colombiana de Juristas dan cuenta que las AGC o Clan del Golfo se habían consolidado a tal nivel que impusieron su accionar armado desde el Eje Bananero de Urabá hasta los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Guajira, Antioquia y Santander (CCJ, 2010)^9 . Y para 2010, el 67% de las muertes por violencia política o sociopolítica a nivel nacional, más de dos de cada tres homicidios, fueron perpetrados por las estructuras vinculadas a los paramilitares (CCJ, 2012)^10. 

Por su parte, el Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política del Cinep^11 constata que entre los años 2008 y 2022 el paramilitarismo ha sido el actor responsable detrás de la muerte de 2.449 personas y la desaparición forzada de otras 207 más, para un total de 2.656 vulneraciones del derecho a la vida, en los años en los que supuestamente se había desmovilizado. 

También que en este período el asesinato de unas 5.090 personas en hechos de violencia social o intolerancia social, en los que los perpetradores no dejaron huellas de su autoría, por lo cual es razonable deducir que el Clan del Golfo podría estar detrás de muchas o gran parte de estas muertes, por lo menos en las zonas que han mantenido bajo su control criminal o de sus organizaciones aliadas o de fachada.

Solo en 7 departamentos de la Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre) el Banco de Datos registra 556 homicidios y 25 desapariciones forzadas en el mismo período 2008 -2022, además de otros 678 asesinatos documentados como víctimas de violencia social o intolerancia social en los mismos departamentos de la Costa hegemonizados por el Clan del Golfo, en acciones en las que se ocultó el perpetrador y se reportaron como de autor desconocido, por lo que sumados los homicidios atribuidos a este actor criminal en la Costa Atlántica pueden exceder de las 1.000 víctimas^12. 

Todo este cuadro de atrocidades ha sucedido sin que la Fiscalía haya tomado las medidas para llevar a la justicia a quienes conducen este acelerado proceso de expansión de la dinámica genocida y consolidación de economías criminales ligadas al narcotráfico y otros delitos impulsadas por o a través del paramilitarismo del Clan del Golfo. El máximo jefe de esta estructura en los últimos 20 años, alias Otoniel, nunca fue escuchado en interrogatorio a pesar de las informaciones que prometió entregar sobre jefes y colaboradores de graves crímenes que denunció ante la JEP, pero que para la Fiscalía no fueron de interés^13.

Esto a pesar de que su obligación de perseguir y capturar a los máximos responsables de las conductas criminales que atentan contra la paz y la población es de carácter constitucional, y de que el Acuerdo Final de Paz le asignó funciones preventivas y de no repetición de las atrocidades perpetradas por el paramilitarismo al crear a su interior la Unidad Especial de Investigaciones para el Desmantelamiento de las Estructuras Criminales^14, para cuya labor la Fiscalía recibe multimillonarios fondos, tanto del presupuesto nacional como de la comunidad internacional.

La Fiscalía cuenta con capacidades, mandato y directrices, incluso de la misma institución, para la priorización y asociación, y otras tomadas de estándares internacionales que permitieron en pasadas administraciones investigar y condenar a cabezas visibles de estas estructuras organizadas, pero sus resultados hoy son poco menos que lamentables^15 lo que sólo puede explicarse por la falta de voluntad política.

Tal vez en los meses que le restan no haya ningún avance al respecto, pero el Fiscal Barbosa y la Vicefiscal Mancera le siguen debiendo una explicación al país. La apertura en Colombia de una Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional -CPI- puede ser quizás una oportunidad de asesoría y acompañamiento a una entidad que muy poco aporta hoy en la lucha contra la impunidad y que se ha convertido en un obstáculo para la paz y para la sujeción a la justicia de máximos responsables del crimen organizado. Si la Fiscalía cumpliera su labor, la JEP tendría mejores condiciones para avanzar. Pero es justamente en la Fiscalía donde hoy se ubica el lastre de la impunidad.

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1. El Espectador (2023, 10 de mayo). “Aquí no hay 200 homicidios”: Fiscalía aclara polémica por trinos de Gustavo Petro. https://www.elespectador.com/judicial/aqui-no-hay-200-homicidios-fiscali...

2. Caracol Noticias (2023, 9 de junio). ‘Clan del Golfo’: Este es el informe completo que la Fiscalía le envió al gobierno. https://caracol.com.co/2023/06/09/clan-del-golfo-este-es-el-informe-comp...

3. El Espectador (2023, 12 de mayo). Decir que favorecemos a un grupo criminal es irresponsable: vicefiscal Mancera. https://www.elespectador.com/judicial/no-somos-participes-del-clan-del-g...

4. Noticias Caracol TV (2023, 9 de junio). Fiscalía responde solicitud de Petro sobre acciones contra Clan del Golfo: “No hubo 200 homicidios. https://noticias.caracoltv.com/colombia/fiscalia-responde-solicitud-de-p...

5. Revista Cambio (2023, 9 de junio). ¿Qué dice el informe sobre el Clan del Golfo que la Fiscalía le entregó al Gobierno?. https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/que-dice-el-info...

6. Revista Raya (2023, 18 de junio). Las denuncias del líder de tierras asesinado que la Fiscalía no investigó. https://revistaraya.com/las-denuncias-del-lider-de-tierras-asesinado-que...

7. Ibid. 

Análisis Urbano (2021, 9 de septiembre). La Serranía del Abibe y el Nudo del Paramillo: la república independiente de las AGC. https://analisisurbano.org/la-serrania-del-abibe-y-el-nudo-del-paramillo...

9. Comisión Colombiana de Juristas (2010). La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance de la Ley 975 de 2005. Págs. 83-84. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/la_metafora.pdf 

10. Comisión Colombiana de Juristas (2012, 12 de agosto). Colombia: sigue esperando la hora de los derechos humanos Informe sobre la situación de derechos humanos y derecho humanitario 2010-2012. https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/colombia_2010-2...

11. Cinep. Banco de Datos de Derechos Humanos, DIH y Violencia Política. https://www.cinep.org.co/es/categoria-producto/areasdetrabajo/area-03/ba...

12. Ibid. 

13. Noticias Caracol TV (2022, 16 de mayo). La confesión de 'Otoniel': con apoyo de altos militares y políticos creció un monstruo. https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/la-confesion-de-otoni...

14. Creada en el Punto 3.4.4. del Acuerdo Final de Paz y establecida legalmente mediante Decreto Ley 898 de 2017.

15. Programa Somos Defensores (2022). Garantías para el Cambio. Dispositivos de política pública en favor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales. Págs. 65-86. https://somosdefensores.org/wp-content/uploads/2022/12/GARANTIAS-PARA-EL...

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• 14. Fernando Matamoros Castiblanco, Ciudadanía
• 15. Jairo Alberto Guerrero Davila, Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
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• 18. Joselito Rojas Rico, Asonal Judicial S.I
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• 25. Luisa María Muñoz López, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
• 26. Luz Mery Velasquez Carmona, DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
• 27. Maria Cecilia Lozano, ASOMUDEM
• 28. Maria Cepeda Castro, Vamos Por Los Derechos Internacional
• 29. Maria Jesus Cedeño Sarmiento, FCSPP Atlántico
• 30. Maria Teresa Muñoz, Foro Nacional por Colombia
• 31. Martha Rincón, Colombia humana saint HYACINTHE
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• 45. Willman Parraci Peña , ANDAS - Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
• 4. Wilson Montoya Castro, Sintravidricol

[1] Cifras obtenidas del informe final realizado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.