El día de ayer, 2 de mayo de 2023, la plenaria del Senado de la República decidió eliminar el artículo 8 del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que hacía referencia a la necesidad de que el Estado cumpla con las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad en su Informe Final, teniendo en cuenta las competencias y las condiciones fiscales. Las organizaciones y personas firmantes, rechazamos esta posición y llamamos a la plenaria de la Cámara de Representantes de la República y, posteriormente, a ambas cámaras en conciliación, a aprobar el artículo 8 y garantizar que las voces de miles organizaciones, víctimas, expertas, expertos, líderes y lideresas que participaron en el proceso de construcción de las recomendaciones sean respetadas.

El Informe final de la Comisión es un bien público. Sus recomendaciones surgen de un análisis profundo sobre lo ocurrido durante años de violencia de más de 1.000 informes entregados por sociedad civil, cerca de 30.000 personas entrevistadas y una escucha sobre lo que es necesario para la no repetición. Es por ello que urge la implementación de las recomendaciones. No todas las recomendaciones están dirigidas al Gobierno ni al Estado y hay varias que recaen sobre el resto de la sociedad, dado que la violencia nos afectó a todos y todas.

El artículo propuesto en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo no es una imposición a las entidades del orden nacional sobre las cuales recaen las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sino un acogimiento de estas de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades.

Es importante señalar que según el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 (pág. 136), el acto legislativo 01 de 2017 (artículo transitorio 2), y el decreto 588 de 2017 (artículo 13), la Comisión de la Verdad debía elaborar un informe que incluyera recomendaciones para la no repetición. Dicho decreto también regula la creación de un Comité de Seguimiento a dichas recomendaciones. Por consiguiente, no es cierto que la Comisión no tenía competencia para realizar recomendaciones para la no repetición.

El informe de la Comisión para la Verdad demuestra que las cosas deben cambiar para que la violencia pare y podamos construir una Colombia que gire en torno al respeto a la diversidad y a la solución pacífica de las diferencias. El informe demuestra que, por omisión o acción, la estructura y la funcionalidad del Estado fue funcional a la violencia y por consiguiente debe modificarse en lo que corresponda.

Los y las aquí firmantes tenemos la plena convicción de que el camino a la paz se logra por medio de una transformación personal, social e institucional y seguiremos trabajando por la apropiación y la implementación de las recomendaciones de la Comisión en todos los escenarios.

Invitamos al Congreso de la República a ver en las recomendaciones una oportunidad para vivir mejor. Como dijo la Comisión: "La paz que pone en el centro el respeto por la vida y la dignidad y logra el buen vivir para todos y todas debe ser la principal prioridad para Colombia. Las recomendaciones buscan contribuir a que se defina una agenda de futuro que permita avanzar en diálogos sobre asuntos fundamentales y siente las bases de la reconciliación, la paz y la no repetición."