El 8 de julio de 2005 el Senador Iván Cepeda Castro y el Representante Alirio Uribe, junto con las organizaciones sociales de derechos humanos: Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la paz (Cinep/PPP), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la Corproación Avre y la Corporación Vida-Paz convocaron a la Audiencia Pública “La paz se construye con hechos: entrega digna de personas no identificadas sepultadas en cementerios y enterramientos clandestinos en Colombia”. En este espacio se realizó un balance sobre la situación de las personas inhumadas como no identificadas en cementerios municipales y los distintos procesos de intervención realizados por parte de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hacia la búsqueda, localización, identificación y entrega de personas desaparecidas.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) reportó para la fecha de la audiencia, 2.292 personas inhumadas como no identificadas en tan sólo cinco cementerios de los Llanos Orientales, desagregadas de la siguiente manera: 593 en Villaviencio, 528 en Granada, 130 en Vistahermosa, 577 en San José del Guaviare y 464 en La Macarena, de las cuales 1.421 fueron reportadas por el Ejército Nacional como guerrilleros dados de baja en combate, según consta en las actas de levantamiento del cadáver, sin que existan reportes de antecedentes penales o sentencias contra las personas inhumadas.

En el marco de la audiencia se indicó que entre el año 2010 y 2015, la FGN y Medicina Legal entregaron 77 cuerpos de los cementerios de los Llanos Orientales a sus familias. En promedio, se restituyeron 15 cuerpos por año, lo cual indicaba que a este ritmo hacían falta 144 años para entregar dignamente el total de personas inhumadas como no identificadas, tan sólo en estos cinco cementerios. 

Esta situación evidenció la urgente necesidad de acelerar este proceso dotándolo de recursos humanos, técnicos, financieros y, ante todo, de voluntad política por parte del gobierno a través de las entidades competentes, no sólo para los Llanos Orientales, sino involucrando al resto del país. De esta manera, una de las principales conclusiones de la audiencia fue la petición de la Mesa de conversaciones para que adoptaran medidas de carácter humanitario que aceleraran la restitución digna de los cuerpos inhumados como no identificados a sus respectivas familias. 

Posteriormente, para el 17 de octubre de 2015, las partes de la mesa de conversaciones de La Habana publicaron el Comunicado Conjunto No. 62 que estableció dos acuerdos, en primer lugar, poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se pondrían en marcha antes de la firma del Acuerdo Final y, en segundo lugar, a creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que entraría en funcionamiento una vez ratificado el acuerdo. 

A partir de ese momento las instituciones priorizaron, además de los cementerios en los Llanos Orientales, el de Cimitarra, Puente Nacional y Yarumal. Como resultado del proceso de intervención en estos cuatro cementerios, Medicina Legal reportó en octubre de 2015 y el 4 de agosto de 2017, la exhumación de 276 cuerpos, de los cuales se habían identificado 23, sin ninguna entrega.

En enero de 2018 se solicitó a las instituciones informar de manera detallada las acciones realizadas para: i) la búsqueda de personas no identificadas en cementerios públicos y privados del país, ii) la implementación de las medidas inmediatas humanitarias de construcción de confianza acordadas en La Habana y publicadas en el comunicado No. 62 el pasado 18 de octubre de 2015, iii) el censo nacional de cementerios con reporte de personas inhumadas como no identificadas, iv) establecer la información relacionada de personas no identificadas reportadas como guerrilleros muertos en combate. 

Este informe tiene como propósito entregar a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD), un balance de la implementación de estas medidas, a partir de la información oficial reportada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, así como por la información aportada por las organizaciones de derechos humanos y de víctimas que han participado de manera activa en la implementación y seguimiento de las medidas.

El informe consta de tres capítulos. En el primero se analiza la información reportada por cada una de las fuentes oficiales consultadas, en el segundo se analizan comparativamente los datos, y en el tercero se plantean algunas conclusiones y recomendaciones sobre el proceso y los resultados obtenidos con estas medidas.