Programación: 

• 14 de julio - Evento cultural: Carnaval por la vida y los Derechos Humanos  8:00 a 11:00 a.m;  Lugar: Universidad Externado de Colombia. Calle 12 #1-17 Bogotá. 

• 14 de julio - Evento: Acaparamiento y despojo de tierras y territorio por parte de empresas en Colombia: Evidencias y retos en el marco de la justicia transicional 1:30 a 2:30 p.m.; Lugar: Cinep - Carrera 5 No 33B-02, Bogotá. Transmisión por Facebook Live 

• 14 de julio - Evento: ¿Conducta empresarial responsable? Captura corporativa y abusos de poder en Colombia. 3:00 a 6:00 p.m.: Lugar: Cinep - Carrera 5 No 33B-02 y Transmisión por Facebook Live 

• 15 de julio -  Evento paralelo Derechos humanos y empresas en la Amazonia: estrategias de protección e incidencia Horario: 10:00 a 11:00 a.m; Virtual - Zoom, Inscripciones

Las organizaciones de la Mesa de la sociedad civil sobre empresas y Derechos Humanos de Colombia convocan al Foro ‘Abusos de poder empresarial: la otra cara de la rendición de cuentas sobre empresas y derechos humanos’, como escenario alternativo aI VII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. Este último se realizará en Bogotá D.C., bajo el liderazgo del Gobierno de Iván Duque, del 12 al 15 de julio de 2022 y es organizado por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.

En los últimos diez años el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos se ha se ha presentado como el “evento más relevante” para discutir sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe y su relación con la actividad empresarial. No obstante,  la sociedad civil consideramos que esta convocatoria oficial es insuficiente y su alcance limitado por las siguientes razones:

1. Por décadas, un significativo conjunto de organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil hemos denunciado a nivel nacional e internacional las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por grandes corporaciones trasnacionales. Después de más de diez años, aún no existen mecanismos legales y obligatorios para que las empresas respeten los derechos humanos y el ambiente. Tampoco ha habido avances en la investigación, sanción y reparación de los daños sufridos. Por el contrario, al amparo del discurso que convierte a los derechos humanos en buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, el gran capital privado cada vez tiene más poder social, político y económico, y sigue operando en el marco de altos niveles de impunidad.
2. En Colombia seguimos viviendo una situación crítica de derechos humanos y, a pesar de esto, el Gobierno saliente insiste en proyectar una imagen de garante y promotor de estos derechos. Por esa razón, denunciamos la falta de transparencia y coherencia en el interés de Iván Duque para que Colombia sea la sede del VII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, máxime cuando se trata de un Gobierno que ha sido fuertemente cuestionado por organismos nacionales e internaciones en materia de protección de derechos humanos.
3. La Ley de justicia y paz (2005), la política de restitución de tierras y derechos territoriales (2011) y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado con el Acuerdo de Paz (2016), han coincidido en evidenciar la participación directa e indirecta de los actores empresariales en asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos y otros graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. No obstante, ninguno de los sistemas de justicia transicional tiene potestad para juzgar e investigar a estos actores, y en la justicia ordinaria tampoco avanzan las investigaciones.
4. Aunque el VII Foro Regional convoca a discutir sobre la rendición de cuentas como mecanismo para una conducta empresarial responsable, las políticas impulsadas durante el Gobierno Duque y el papel que han jugado las empresas y los gremios económicos en las decisiones gubernamentales dan cuenta de la interferencia en políticas públicas que impactan los derechos humanos, el ambiente y nuestra salud, hasta llegar a un escenario de captura corporativa del Estado.
5. Desde 2016 y especialmente a partir de 2019, Colombia es el país con más asesinatos a lideresas y líderes sociales y ambientales en el mundo. De enero a septiembre de 2021 se documentaron 139 asesinatos, de acuerdo con el Programa Somos Defensores.
6. Gran parte de las y los líderes sociales asesinados en la región de América Latina se han movilizado en torno a una agenda de protección de la Amazonía, la protección de la diversidad biocultural y la lucha contra el cambio climático. Durante años han denunciado crímenes ambientales y violaciones a los derechos humanos causadas por la imposición de un modelo de desarrollo que afecta gravemente sus territorios, sin embargo, la Amazonia continúa siendo invisibilizada en los espacios regionales, desconociendo los impactos empresariales en su detrimento.

1. El sector empresarial colombiano ejerce presión constante para disminuir los estándares de las licencias ambientales, la consulta previa y las consultas populares, especialmente en lo relacionado con la participación democrática de la ciudadanía. Con la excusa de agilizar “los trámites”, han apoyado abiertamente las Licencias Ambientales Express, las Consultas Previas Virtuales y la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Además, hacen lobby para que los proyectos legislativos que afectan sus intereses no sean aprobados o se tergiversen en favor de sus ganancias.
2. Durante la pandemia de covid 19 y las cuarentenas de 2020, especialmente, las grandes empresas en complicidad con el Gobierno nacional utilizaron abusivamente el Estado de Emergencia para justificar violaciones masivas de los derechos laborales y sindicales, que incrementaron el desempleo y la precarización del trabajo, sobre todo para las mujeres a quienes correspondió dos de cada tres empleos perdidos según el DANE.
3. Durante los paros nacionales, fue recurrente la criminalización de la protesta y la movilización social por parte de voceros de distintos gremios y empresas. Se denunciaron suspensiones de contratos a quienes apoyaron el paro nacional, cortes en los servicios de internet y comunicaciones durante las jornadas de manifestación, así como la utilización de instalaciones de empresas como apoyo a agentes de la fuerza pública involucrados en torturas y detenciones ilegales o arbitrarias.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos:

Primero, que haya justicia y se reconozca la responsabilidad de las empresas transnacionales en las violaciones de derechos humanos.

Segundo, acabar con la impunidad corporativa, ya que es indispensable para avanzar en la garantía de los derechos humanos.

Tercero, la adopción e implementación de mecanismos legales y obligatorios que permitan que las empresas transnacionales respondan por las violaciones de derechos humanos. La concertación de estos mecanismos debe tener una amplia participación de los países del sur global y debe contar con las voces de quienes han sido víctimas del accionar empresarial.

Así mismo, convocamos a la más amplia participación en el Foro alternativo ‘Abusos de poder empresarial: la otra cara de la rendición de cuentas sobre empresas y derechos humanos’, el 14 y 15 de julio en el CINEP (Cra. 5 #33B-02) de Bogotá, Colombia, en el que discutiremos sobre la captura corporativa en los distintos escenarios de decisión y regulación, la problemática de tierras y la situación de la Amazonía de nuestro continente.

Llamamos a los gobiernos de América Latina a escuchar y acoger las denuncias, exigencias y propuestas de la sociedad civil para elevar los estándares de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos por parte de actores empresariales, así como avanzar en políticas públicas que garanticen una real responsabilidad de las empresas, evitar que estas participen en condiciones de asimetría de poder y realicen lobby indebido en los escenarios en los que se discute su regulación.

Bogotá, 11 de julio de 2022

FIRMAN:

Mesa de organizaciones de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos de Colombia.