En el marco de esta fecha de conmemoración anual en la que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de enaltecer y dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado, insistimos en denunciar el alto índice de impunidad que hoy envuelve los crímenes de Estado, sin que el país aun pueda conocer la verdad total de la responsabilidad del Estado colombiano y terceros civiles en la comisión de un genocidio político y sistemático contra quienes durante décadas ha identificado como “enemigos” del orden público, el regimen político y la seguridad nacional.

Las pruebas aportadas en distintos procesos ante la justicia ordinaria, disciplinaria y aún en la justicia penal militar han dejado ver claramente el compromiso de actores estatales, y en especial por parte de organismos de inteligencia, en la práctica de desapariciones forzadas como parte del plan sistemático criminal para reforzar una noción de “seguridad nacional” centrada no el trámite negociado y concertados de los conflictos de orden socio-económico y político, sino una que centra su accionar en la eliminación de todos aquellos que no caben en el modelo de sociedad impulsado desde el poder, y catalogados por ellos como parte del “enemigo interno” que debe ser eliminado utilizando para ello la fuerza del Estado.

Aún el país no tiene certeza sobre el total de las víctimas de crímenes de Estado. Los datos varían: existen al menos 6.402 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008 según reconoció recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz, crimen de Estado sin ejemplo similar en el mundo; 83.000 personas desaparecidas forzadamente, según informes de diversas instituciones estatales, organizaciones de derechos humanos y de familiares, crimen de Estado que sobrepasa en decenas de miles a los desaparecidos y desaparecidas del Cono Sur; 6.433.115 personas desplazadas forzadamente, cifra que posiciona a Colombia, después de Siria, como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos; 1.834 casos de tortura entre 2001 y 2009; 6.590 personas detenidas arbitrariamente entre 2002 y 2004 de modo masivo e irregular, según cifras de organizaciones de derechos humanos; 180.290 personas víctimas de asesinatos selectivos, de los cuales fueron responsables 77.854 grupos paramilitares y 7.063 agentes del Estado; 4.279 masacres que dejaron un saldo de 24.837 víctimas, 6.201 víctimas del genocidio de la Unión Patriótica entre 1984 y 2002, 4153 asesinadas, secuestradas o desaparecidas forzadamente y 2049 sobrevivientes de amenazas, intentos de homicidios, tortura, violencia sexual, detención arbitraria, exilio; 723 hechos de violaciones a los derechos humanos contra el movimiento político ¡A Luchar!, genocidio efectuado sobre 529 personas, 260 víctimas de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y 80 casos de desaparición forzada.

En todo lo anterior, existe un vacío alarmante de información, las cifras pueden elevarse a medida que avanza el esclarecimiento sobre estos crímenes. Conocemos muchas de estas cifras gracias a las investigaciones de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y a informes del Centro Nacional de Memoria Histórica publicados en su anterior administración, pero estamos convencidas que aún hay verdades y preguntas por responder: por qué, cómo, con qué intereses, bajo qué política, para qué, y quién o quiénes dieron la orden.

A cinco años de la firma del Acuerdo final de Paz se han reconfigurado discursos y prácticas guerreristas que sirven de combustible para la exacerbación de la violencia en los territorios, atentando contra las formas de vida de las comunidades y callando la voz, casi a diario, de liderazgos sociales que trabajan arduamente para materializar la paz.

En esta radiografía el Estado ha sido uno de los principales responsables de las cifras y sigue siendo quien perpetua el genocidio político continuado en nuestro país. Estos preocupantes reportes se han puesto en conocimiento del Estado colombiano, así como de organismos internacionales de verificación de derechos humanos por parte de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, lo que ha producido nuevas amenazas contra nuestras vidas. Tenemos evidencia de que persiste una política de negación de los crímenes de Estado y de ocultamiento de la verdad, que se constata con la más abrumadora impunidad y que vemos con preocupación cómo se exacerba a medida que en algo se avanza en el esclarecimiento de lo sucedido.

Este gobierno no ha descansado en obstruir las facultades del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición -SIVJRNR, lo cual implica: impunidad, ausencia de verdad e imposibilidad de construir garantías de no repetición. Nos preocupa que el partido de gobierno y sus simpatizantes, que dicen hablar en nombre de las víctimas, sean quienes promueven acciones que solo buscan perpetuar la impunidad y favorecer a los agentes del Estado que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es el actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH y algunos funcionarios nombrados recientemente en esta y otras instituciones del Estado.
Además, somos testigos en el presente de la existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales, orquestado con el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC), cuyo propósito es continuar ocultando los hechos y circunstancias que rodearon las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y, con ello, proteger la responsabilidad de altos mandos militares y mal llamados terceros, implicados en estas graves violaciones a los derechos humanos.

El papel de las agencias estatales en la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada ha sido constatada por informaciones estatales más recientes como los publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica. A partir de la narrativa aportada por las propias víctimas y sus familiares sobre la responsabilidad por las desapariciones forzadas de sus seres queridos, el informe Basta Ya del gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica se referencia que a la responsabilidad conjunta de Paramilitares y Fuerza Pública se adjudica el 74,3% de las víctimas de los asesinatos selectivos cuando el actor responsable fue identificado, y el 80% de las víctimas de masacres perpetradas por actores que pudieron ser identificados. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, págs. 96-98).

 
Este porcentaje de responsabilidad de Fuerza Pública-Paramilitares sube notoriamente a un 83,9% de los casos en los casos de desaparición forzada de forzadas, puesto que cuando la responsabilidad de los presuntos perpetradores se determina con base en la convicción de las víctimas, cuando han podido establecer el presunto autor, se determina que los miembros de la Fuerza Pública son los mayores responsables con un 42,1% de las desapariciones, los paramilitares le siguen con un 41,8% de los casos, en tanto que un 2,3% de los casos señalan a las guerrillas como responsables y un 19,9% se atribuyen a otros grupos sin determinar. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 37).

La Corte Interamericana en varias oportunidades ha declarado la responsabilidad agravada del Estado Colombiano y, para ello, ha considerado el hecho de que el Estado había propiciado la creación de grupos paramilitares a través de la legislación interna, además de hallar probada una estrecha relación y colaboración de dichos grupos con la Fuerza Pública, a lo que añadió que la impunidad por tales crímenes resultaba el común denominador. Hasta la fecha el Estado colombiano no ha generado los cambios legislativos recomendados, lo que no permite esclarecer la participación de los máximos responsables en la comisión de delitos como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, contribuyendo a los altos índices de impunidad de estos delitos en el marco de un contexto negacionista de su comisión y limitando las investigaciones judiciales a los agentes estatales de base, sin escalar en la responsabilidad penal de sus comandantes.

Se evidencia una estrategia de impunidad y protección de los altos mandos del Ejército cuando aquellos se encuentran relacionados con graves crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de ello es el reciente ascenso de 45 integrantes de la Fuerza Pública en el mes de diciembre de 2021, algunos de los cuales están involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, situación sobre el cual nos pronunciamos poniendo en conocimiento de la Presidenta de la Comisión Segunda Paola Holguín información sobre 4 casos graves, pero dicho documento nunca fue puesto en conocimiento del conjunto de la Comisión ni mucho menos de la Plenaria del Senado como corresponde a sus funciones.

Aunque se evidencia que los casos obedecen a planes sistemáticos y generalizados, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, los máximos responsables siguen sin ser sancionados y cuando se abren las investigaciones el crimen de desaparición forzada no es investigado y en la mayoría de los casos los responsables ni siquiera son indagados por estos hechos, desconociendo los derechos de las familiares para que las víctimas sean localizadas, exhumadas, identificadas y entregadas. La impunidad sigue siendo una realidad en Colombia.

Hoy, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado reclamamos que el Estado colombiano asuma un compromiso real y no protocolario en favor de las víctimas. La promoción de narrativas negacionistas que buscan desconocer la responsabilidad del Estado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, el intencional y deliberado rezago en la implementación del Acuerdo Final de Paz, la criminalización de la protesta social, la cooptación de espacios de representación para las víctimas como las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz por parte de clanes políticos y victimarios, el impulso de iniciativas legislativas como la Ley de Seguridad Ciudadana que buscan promover el paramilitarismo y constituyen un retroceso en garantía de derechos, la militarización de territorios que requieren intervención integral del Estado, el exterminio de los firmantes de paz, el nulo avance en estrategias institucionales para el desmonte del paramilitarismo y la desarticulación de otros grupos armados que imponen el terror en regiones fuertemente azotadas por la violencia, la escasa voluntad para avanzar en medidas efectivas de protección al liderazgo social, entre otros innumerables hechos condenables y re victimizantes avalados por el Gobierno Nacional, se constituyen como un grave impedimento para la consecución de la paz y el fin del conflicto, además de una amenaza para las garantías de no repetición que las víctimas merecen.

Insistiremos, con la convicción y persistencia de Fabiola Lalinde, con la constancia de Ingrid Vergara, con el carácter de Teófilo Acuña y con la valentía de Jorge Tafur hasta que cese el genocidio, por el derecho a la verdad, por la memoria de todos aquellos asesinados, torturados, encarcelados, mutilados y desaparecidos por la Fuerza Pública, la Policía Nacional y el Ejército, por la paz real y la democracia plena. 
Hoy nos declaramos en operación Sirirí y seguiremos reclamando, nunca más crímenes de Estado.

Somos semilla, 
Somos memoria, 
Somos el sol que renace ante la impunidad. 
Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice