Entre el 27 de septiembre y 01 de octubre en los municipios de Granada y Villavicencio se llevó a cabo la primera jornada de “Inventario de daños y agenda de reparación” con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de los departamentos del Meta y Guaviare.

La jornada hace parte de la agenda de intervenciones del Espacio de Litigio Estratégico-ELE que trabaja en el análisis, articulación entre organizaciones sobre estos crímenes y busca identificar los daños y las afectaciones que han tenido las víctimas de estos hechos en el plano individual, familiar y colectivo.

Con un grupo de 80 personas participantes, entre madres, padres, hijos e hijas, hermanos, hermanas y esposas de las víctimas de este crimen de Estado, las actividades realizadas fueron diseñadas con un enfoque interdisciplinar con profesionales de las áreas psicosociales y jurídicas de las organizaciones de Derechos Humanos que acompañan este proceso en los Llanos Orientales.  En primer lugar se identificaron las afectaciones en el plano psicosocial a nivel individual, familiar y colectivo que han soportado después de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del ser querido en manos de agentes de la Fuerza Pública;  en un segundo momento, se realizó un balance de las medidas restauradoras y reparadoras que las víctimas han experimentado por parte del Estado por estos hechos, y por último, se recogieron las propuestas de mecanismos eficaces de reparación y memoria para ellas.

Además de Granada y Villavicencio, en los Llanos Orientales se realizarán otras jornadas en Arauca, en el caribe se llevarán a cabo una en Valledupar y otra en Barranquilla, en Bogotá se recogerá información de los casos del departamento de Cundinamarca y por último se desarrollará una jornada con enfoque étnico que busca documentar el inventario de daños de las comunidades indígenas Wiwas y Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La sistematización de la información recogida en estas regiones del país busca materializarse en un documento escrito y contenidos multimedia que permitan visibilizar esta realidad y tengan un impacto en instituciones públicas como las que hacen parte del Sistema Integral de Paz (JEP, UBPD Y CEV) y otras como la Unidad para las Víctimas y la de Restitución de Tierras, con el fin de que este contenido sea tenido en cuenta para los procesos de reparación.

Helber Noguera Sánchez, coordinador del Espacio de Litigio Estratégico, dijo de estas primeras jornadas: “las víctimas han manifestado que sus expectativas de reparación no han sido satisfechas durante estos años, por lo tanto, desde el ELE estos inventarios de daños van a ser considerados en escenarios  nacionales de instituciones relacionadas con esta temática, pero también escenarios de justicia como la Corte Penal Internacional, la Comisión  y  Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema Internacional de Naciones Unidas.”

Algunas de las propuestas que expresaron los familiares de las víctimas fueron:  “que los victimarios, miembros de la fuerza pública deben quitarse todos sus rangos y prerrogativas económicas y salariales con ocasión de los graves crímenes de lesa humanidad que cometieron; y en vista de que las Fuerzas Armadas a pesar de estos graves crímenes no hayan cambiado su estructura y doctrina, la propuesta es que sean las mismas víctimas y las organizaciones que las acompañan las que realicen capacitaciones en Derechos Humanos a los militares” expresó Noguera.