Los abajo firmantes respaldamos la decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que aprobó este jueves 21 de septiembre en la noche, una serie de enmiendas, en la Autorización del Presupuesto de Defensa Nacional, en el que se prohíbe que fondos donados por Estados Unidos puedan usarse para la fumigación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. Por lo cual llamamos al Senado de ese país a que mantenga dicha prohibición.

Igualmente, llamamos al Congreso de los Estados Unidos a que el Departamento de Estado en la cooperación con Colombia, tampoco destine fondos para financiar ninguna actividad relacionada con las aspersiones aéreas con glifosato.

De la misma manera, llamamos al Congreso colombiano a no autorizar la destinación de recursos públicos, ni del presupuesto para el año 2022, en estas estrategias de guerra con sustancias químicas que se asperjan en operaciones militares aéreas contra cultivos de uso ilícito.

El Estado colombiano ha utilizado la aspersión aérea como un arma de guerra en el marco de la estrategia de reducción de la oferta, la cual ha impactado negativamente los ecosistemas, el tejido social y acrecentado la victimización de poblaciones, pues ésta se ha aplicado sobre territorios donde habitan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, violando sus derechos humanos y arrasando con los entornos naturales en los que estas viven.

En el 2015 la aspersión con glifosato se suspendió en el país acogiendo el principio de precaución. En 2017 la Corte Constitucional terminó por condicionar la práctica de aspersión por medio de la Sentencia T-2361 a través de unos requisitos mínimos que el Estado debía cumplir. La llegada de Iván Duque (2018-2022) a la Presidencia ha estado caracterizada por sus múltiples maniobras para lograr la reactivación de la fumigación, pasando por encima de lo establecido por la Corte y de lo acordado en el Acuerdo de Paz de 2016. A la par, el gobierno de Iván Duque colocó en tercer plano la implementación del programa integral de sustitución voluntaria, dando prioridad a la erradicación forzada a cargo de la fuerza pública.

El plan de sustitución se redujo a pagos parciales a las familias inscritas entre 2017 y 2018, las que a la fecha no han recibido las asignaciones para proyectos productivos ni han tenido acceso a tierras para cultivar o reubicarse. El gobierno dejó por fuera a más de 200.000 familias que han expresado su voluntad de ingresar a los Planes Nacionales Integrales de Sustitución y que incluyen a las que firmaron compromisos de pactos colectivos. Además, la política de sustitución no ha avanzado en la concertación con las comunidades étnicas que siguen azotadas por las mafias del narcotráfico, ni ha garantizado la seguridad para los líderes y lideresas comprometidos en la superación de tal economía.

En el marco de las movilizaciones sociales del 28 de abril de este año, diversas organizaciones sociales, de jóvenes, campesinas, afros e indígenas, se sumaron a las acciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados de sustitución ante este gobierno y la no reactivación de las fumigaciones ni de las erradicaciones forzadas puesto que ponen en grave riesgo la vida rural y exaspera la violencia en las regiones2 . El país tiene enormes preocupaciones sobre la reactivación de esta estrategia que incluye el uso de sustancias químicas tóxicas en operaciones de guerra.

Exigimos cumplir de buena fe con los programas de desarrollo rural integral y la sustitución concertada de economías ilegales dando prioridad a alternativas de vida digna a las familias más empobrecidas y vulneradas.

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