Once organizaciones defensoras de derechos humanos interpusieron una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que este organismo investigue las declaraciones y señalamientos estigmatizantes en contra de defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones sociales, realizados por el General y Comandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, la Senadora Paloma Valencia Laserna, la Senadora María Fernanda Cabal, el Senador Carlos Felipe Mejía y el señor Hernán Darío Cadavid, asesor del Senado de la República. 

Esta solicitud se realiza en el marco de las declaraciones y mensajes que por diferentes redes sociales y medios masivos de información difundieron las y los funcionarios públicos antes mencionados desde febrero de 2021, y con los cuales habrían incumplido el deber funcional contenido en Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría, relacionada con la obligación de abstenerse de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al señalamiento de la defensa de los derechos humanos en Colombia. 

Los señalamientos tuvieron origen en el trabajo que realizan estas organizaciones como representantes de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual también ha sido objeto de cuestionamientos y  deslegitimación. Las organizaciones denunciantes son: la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Asociación Para la Promoción Social Alternativa (MINGA), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo Socio Juridico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), Humanidad Vigente Corporación Jurídica, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), y  el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). 

En esta queja se presentaron como pruebas los pantallazos y links de los pronunciamientos estigmatizantes efectuados por los funcionarios en redes sociales, especialmente Twitter, y una nota de prensa relacionada con la denuncia. 

Las organizaciones esperan que la Procuraduría dé apertura a una investigación disciplinaria en contra de los funcionarios públicos que serían responsables de los hechos referenciados, para  que  se determine si los pronunciamientos los hicieron incurrir en faltas disciplinarias por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. 

Por otro lado, solicitan asumir el seguimiento de la situación de riesgo de las organizaciones de derechos humanos que serían blanco de estigmatización, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, de género y territoriales, a partir de los cuales las autoridades competentes deberán adoptar medidas preventivas. Cabe recordar que los señalamientos públicos, más cuando se trata de altos funcionarios gubernamentales, ponen en riesgo a las organizaciones y sus integrantes.