Este 19 y 20 de abril, sesionará el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas y evaluará el caso de Colombia frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Internacional de protección contra las Desapariciones Forzadas y las recomendaciones señaladas por dicho Órgano en el año 2016. Para ello tendrá en cuenta el Informe presentado por  el Gobierno Nacional y los Informes alternos presentados por  las organizaciones que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada. El 5 de mayo el Comité entregará un nuevo Informe que analizará la situación del crimen de desaparición forzada en el país y hará recomendaciones al Estado colombiano teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por las organizaciones de familiares y de derechos humanos. 

En el Informe Alterno presentado por las víctimas y organizaciones de derechos humanos que integran la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia se analiza la preocupante situación que vive el país en materia de desapariciones forzadas y la respuesta del Gobierno Nacional e instituciones públicas en materia de prevención, búsqueda y localización de las víctimas e investigación de los responsables. Las principales preocupaciones se resumen en las siguientes:  

1. La persistencia del crimen de desaparición forzada. Los casos de desaparición forzada se siguen presentando en todo el territorio nacional y en varias regiones están aumentando y se han generalizado como práctica de represión y control social. Los casos afectan no solo a la población colombiana sino a los migrantes  en las zonas de frontera, además de afrodescendientes, campesinos, indígenas y firmantes de paz.   

2. El Estado colombiano sigue estando en deuda con los derechos de las víctimas, no sólo en cuanto a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas, sino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Existen muy pocos avances en la prevención del delito, la búsqueda con vida de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente, los organismos competentes del tema no han sido eficientes en su labor, ni han logrado procesos de articulación.

3. Es preocupante que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no esté exigiendo a los altos mandos del ejército, que están compareciendo en dicho Tribunal, que entreguen información sobre hechos de desaparición forzada en los cuales está comprometida su responsabilidad, pese a que familiares y organizaciones de víctimas y de dd.hh. han exigido que el régimen de condicionalidad esté supeditado a que reconozcan responsabilidad, se comprometan con la verdad y aporten información para la localización de las víctimas. Se mantiene un pacto de silencio y una política negacionista y justificatoria por parte de los militares. A ello se suma que la JEP no ha abierto y/o priorizado el caso de desaparición forzada.

Esta sesión y el trabajo que realiza el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas es fundamental porque constituye un apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas -UBPD creada por el Decreto 589 de 2017 en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. El Comité ha manifestado su interés de apoyar y asesorar las labores que debe adelantar la UBPD para cumplir con su mandato.

Las víctimas y las organizaciones esperan que tras esta sesión del Comité el gobierno colombiano adopte medidas reales y urgentes para tratar esta problemática y trabajar en contra de la impunidad.