Bogotá, Febrero 05 de 2020 (@colectivo_ofb - #CuentenConmigo)-.  En una sentencia conocida  recientemente dictada por el Consejo de Estado, se ordena que la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, en un mismo acto protocolario, pidan  disculpas públicas a nombre del Estado colombiano, frente a cada víctima directa del daño ocasionado y precisar que ninguna de ellas participó en los hechos que rodearon la masacre en el barrio La Chinita, en Apartadó, Antioquia, ocurrida el 23 enero de 1994.

El abogado del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Ramiro Orjuela Aguilar, explicó que este es un hecho que marca un precedente muy importante para Colombia por cuanto las personas que inicialmente fueron condenadas no tenían relación con la guerrilla ni mucho menos   tuvieron  participación alguna en la horrorosa masacre en donde fueron salvajemente asesinados 36 campesinos.

“Hemos acompañado como abogado del  Colectivo Sociojurídico a varias de estas víctimas  del Estado colombiano y hoy la justicia nos da la razón”, sostuvo el abogado Orjuela.

El Consejo de Estado también dice en la sentencia, que la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación deberán divulgar en su páginas web, un link destacado por seis meses y además divulgar, en un periódico de amplia circulación del departamento de Antioquia, sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad de cada demandante.

“El fallo de 108 páginas, con cuestionamientos por lo pírrico  de las indemnizaciones,  reconoce después de 27 años  de ocurrida la masacre, que las víctimas   fueron condenados injustamente, pues se recurrió por parte de la Fiscalía a violación al derecho a la defensa, al pago de falsos testigos y a otras irregularidades,   y que dicha detención se enmarca dentro del exterminio y persecución del Estado contra  el partido político  Unión Patriótica, ya que muchos de los detenidos pertenecían a ese partido y además eran dirigentes sindicales, líderes sociales y hasta

Alcaldes de la región de Urabá elegidos popularmente. Las víctimas de la injusta detención por más de once años son,  Francisco Eluber Calvo Sánchez, Luis Enrique Ruiz Arango, Yomar Enrique Hernández Pineda, Elizabeth López Tobón, Gonzalo de Jesús Peláez Castañeda, Luis Aníbal Sánchez Echavarría, Franklin Rivas de Diego, Alberto Villada Trujillo, Gustavo Manuel Arcia y Alcira Rosa Quiroz Hinestroza y otros que adelantan diferentes  procesos”, sostuvo Ramiro Orjuela Aguilar.

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