En la tarde de hoy, la Red de Derechos Humanos del Pacífico nariñense y Piedemonte Costero (REDPHANA), la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), los senadores Iván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar Moreno, junto a la Corporación Colectivo Sociojurídico ‘Orlando Fals Borda’ (COFB) Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) interpusimos una acción de tutela contra la política del gobierno de Iván Duque denominada  “Zonas Futuro” por medio de la cual se pretende imponer la militarización del territorio con la participación de tropas norteamericanas y planes desarrollistas perjudiciales para el ambiente y las comunidades en el Catatumbo y en el Pacífico Nariñense.

Con la creación de las ‘Zonas Futuro’, el Gobierno diseñó e implementó los Planes Especiales de Intervención Integral (PEII) para cinco subregiones del país, Pacífico Nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Arauca y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños. Dentro de esos PEII sobresale una visión militarizada de la seguridad, negando con ello la visión de seguridad territorial que contiene el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Adicionalmente, los PEII enfatizan en una visión de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito (con uso de glifosato de forma terrestre y aérea), lo que implica el incumplimiento de los compromisos de sustitución voluntaria firmados en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) adquiridos con las poblaciones de estas regiones.

Los PEII no fueron consultados ni construidos participativamente con las comunidades que habitan estos territorios y tampoco fueron diseñados de manera articulada con los instrumentos previstos en el Acuerdo Final para la Paz, como fue la orden de la Corte Constitucional en la sentencia C-040 de 2020.

Muestra de las formas impositivas que se pretenden con los PEII está que el Gobierno colombiano autorizó el arribo de una misión de la SFAB integrada por 53 militares estadounidenses, argumentando que el propósito de las tropas sería prestar apoyo y asesoría a las operaciones del Estado colombiano en contra del narcotráfico dentro de la jurisdicción de las ‘Zonas Futuro’. Este tipo de medidas violentan directamente la soberanía del país y los derechos fundamentales de autonomía, participación y dignidad humana de los pueblos étnicamente diferenciados y de los ciudadanos en general.

Adicionalmente, la multiplicidad de actores generadores de violencia en el territorio, a los que ahora se suma la SFAB, han incrementado su accionar militar en contra de la población civil, esto porque precisamente en estas regiones del país fue donde se firmaron el mayor número de acuerdos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y porque los habitantes de estos territorios son estigmatizados y perseguidos por fuerzas armadas legales e ilegales.

Finalmente, consideramos que estos hechos van en contra del derecho fundamental a la paz de las comunidades, en tanto el Estado introduce nuevos factores de riesgo para poblaciones cuya historia, así como su actual contexto, están atravesados por profundas manifestaciones del conflicto.

Información: OLGA LUCÍA NAIZIR GARCÍA

Coordinadora Jurídica COFB

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