Después de años de negociaciones entre Gobierno Nacional y las FARC-EP se llegó al Acuerdo Final para la Paz en 2016, este puso fin a un prolongado conflicto armado interno que dejó millones de víctimas y problemáticas que al día de hoy no se han resuelto. En virtud de este Acuerdo se crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-, está integrado por dos mecanismos extrajudiciales y por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, cuyo objetivo es satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar su reconocimiento como ciudadanos con derechos, lograr la verdad plena de los ocurrido durante el conflicto, un máximo de justicia con penas alternativas y de rendición de cuentas. 

La JEP tiene un régimen legal propio, es autónoma y cuenta con independencia judicial, como cualquier juez, tribunal o alta corte. Sin embargo, en su contra se han adelantado todo tipo de iniciativas para desprestigiar su actividad y su propósito. El Presidente Ivan Duque se negó a sancionar la ley estatutaria de la JEP retrasando su funcionamiento, la desfinanció, ante el temor a la verdad, el líder del partido de gobierno y varios de sus miembros se caracterizan por mantener una actitud de ataque y de desprestigio, hasta el punto de proponer su fin. Realmente toda esa campaña de desprestigio y el llamado a un referendo para derogar la JEP, ha sido un tema vigente en la agenda del Uribismo tras tres intentos de reforma o derogatoria a esta Jurisdicción.

Sin embargo, existe un fuerte respaldo a la JEP por parte de las víctimas, la comunidad nacional e internacional, Naciones Unidas y de diferentes organismos internacionales. Aunque la JEP es reciente, hay un balance positivo frente a los avances que se han obtenido. Hasta lo transcurrido del 2020 ya ha hecho presencia en 28 departamentos, 12.600 personas tanto de las FARC como de la fuerza pública se sometieron, realizó más de 80 audiencias, más de 429 personas rindieron versiones voluntarias, se abrieron 7 macrocasos, aproximadamente 308.000 víctimas fueron acreditadas y se recibieron 309 informes.

Los ataques a la JEP no se han limitado a las fuertes críticas al propiciar una supuesta impunidad o a los llamados a un referendo derogatorio, ya que se tomó una medida que resulta sumamente perjudicial para su actividad. Se trata de la no aprobación del presupuesto que se esperaba para 2021, que se pretendía destinar a la protección y atención de las víctimas, testigos, intervinientes, responsables y gastos para su operación, sus recursos se disminuirán en un 20%. 

Este es un ataque contundente que se da precisamente después de que la senadora Milla Romero Soto anunció que se presentará un proyecto para ponerle fin a la JEP, hace referencia a que esta recibe una gran cantidad de presupuesto y aún así persiste la impunidad. Además, se envían unos mensajes totalmente errados y que desconocen la imparcialidad que todo juez o tribunal debe conservar por parte de la senadora Paloma Valencia, cuyas  críticas se generan al existir un supuesto trato inequitativo respecto a los miembros de la Fuerza Pública. 

La JEP no representa impunidad ni parcialidad hacia determinados comparecientes, la JEP pretende impartir justicia de forma recta, imparcial e independiente, con esto se busca garantizar verdad, justicia y rendición de cuentas, que suelen ser ponderadas con otros fines totalmente legítimos y deseables en un Estado Social de Derecho, como la garantía de los derechos de las víctimas y lograr una paz sostenible. Debe quedar claro que la justicia transicional no opera de la misma forma que la justicia ordinaria. 

Durante tres años, todas estas problemáticas fueron abordadas con firmeza por Patricia Linares Prieto, quien fue reemplazada en la presidencia de está Jurisdicción por el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, con una extensa trayectoria en la Rama Judicial y en el plano internacional, fue Magistrado y presidente de la Corte Constitucional entre 1991 y 2000. Asumirá la presidencia en un momento crítico, en el cual, la independencia judicial ha sido objeto de constantes presiones políticas, amenazas e injerencias que han sido características de un gobierno autoritario que se niega a fortalecer el Estado Social de Derecho y la democracia. 

Plataformas de Derechos Humanos
1.     Coordinación Colombia Europa Estados Unidos 
2.     Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
3.     Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
 
Organizaciones
1.     Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
2.     Comisión Colombiana de Juristas
3.     Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
4.     Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 
5.     Viva la Ciudadanía 
6.     Asonal Judicial S.I. 
7.    Colombia Human Rights Committee 
8.     Corporación Reiniciar 
9.    Fasol

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